¿VIOLENCIA DOMÉSTICA O VIOLENCIA POLÍTICA?

"La violencia doméstica causa más muertes y discapacidades en las mujeres entre las edades de 15 y 44 años que el cáncer, la malaria, la guerra y los accidentes de tráfico conjuntamente", indicaba en noviembre de 2000 Anna Diamantopoulou, Comisaria Europea de Asuntos Sociales, en una carta remitida a los jefes de Gobierno de los 15 -y repetía en un discurso en febrero de 2002-, añadiendo que era "necesario actuar a nivel político cuanto antes". Algunos políticos no se lo hicieron repetir dos veces, como el presidente regional de Castilla-La Mancha, que presentaba el 27 de diciembre de 2000 su proyecto de publicar las famosas listas de maltradores. "En España hay más de 2 millones de maltratadas", era la conclusión obtenida meses antes mediante la aplicación de una macroencuesta a 20.000 mujeres.

Basta con echar un vistazo rápido a cualquier estadística sobre causas de mortalidad para constatar hasta qué punto es inexacta la afirmación de la Sra. Diamantopoulou (ver, por ejemplo, las del Centro Nacional de Epidemiología). Sabemos cuál es el origen de la cifra de 2 millones de maltratadas, obtenida sobre la base de una "macroencuesta" cuya formulación causa bochorno y que sin duda hubiese arrojado una cifra similar de maltratados si se hubiese aplicado también a los hombres. Y aunque desconocemos aún los réditos electorales de las listas de ex-maltratadores castellano-manchegos, son innegables las rentas políticas y mediáticas ya obtenidas por su promotor.

Cuando, desde los cargos públicos, se hacen ese tipo de afirmaciones tan alejadas de la realidad; cuando se pregonan como datos científicos los resultados de encuestas "de embudo" como la mencionada; cuando se preparan leyes y "listas" que socavan los cimientos del derecho y desvirtúan la finalidad de la pena; cuando los medios de información se hacen eco de todas esas deformaciones de la realidad sin el menor espíritu crítico y dan por bueno lo inverosímil, la violencia doméstica  se convierte en violencia política. La vieja máxima feminista "convertid lo personal en político" ha encontrado una nueva forma de expresión de gran rentabilidad política, a nivel general, y económica, al pequeño nivel particular de las asociaciones y los grupos de presión agraciados con la "primitiva" de los cargos y las subvenciones. Además, la prensa aumenta sus ventas y los programas televisivos logran su catarsis colectiva y adictiva con menos gasto.

Las descripciones más radicales del fenómeno evitan incluso expresiones como "violencia doméstica", "violencia familiar" y similares. Prefieren hablar de "violencia de género", con lo que dan un carácter unidireccional a esa violencia: el hombre maltrata y la mujer sufre o se defiende. A partir de tal simplificación, todo es posible, desde dar por válida cualquier falsa acusación de malos tratos hasta eximir de culpa a la asesina (que, supuestamente, actúa movida por su "percepción de peligro inmediato o futuro"). La presunción de inocencia, base secular del derecho, deja fácilmente paso a la presunción de culpabilidad (del varón acusado), sancionada por leyes o directrices impartidas al poder judicial.

Sin embargo, los estudios científicos (extranjeros, a falta de nacionales), de los que se reúne una muestra en el Informe Iceberg, coinciden en demostrar estadísticamente lo que sabemos por la experiencia cotidiana: que la violencia de la pareja es bidireccional. Es más, muchos de esos estudios registran porcentajes ligeramente superiores de violencia en la mujer, sobre todo en lo que respecta a la iniciación de los conflictos. En todo el amplio espectro de las formas de violencia doméstica están tan presentes las agresiones femeninas como las masculinas, con una única diferencia: las formas más graves de violencia son perpetradas con más frecuencia por el hombre, tal vez por el mero hecho de su mayor fortaleza física. Una característica recurrente de la violencia extrema cuando es ejercida por mujeres (homicidio consumado o frustrado) es que suele perpetrarse contra víctimas temporalmente indefensas (dormidas, incapacitadas, ebrias, etc.) y ser premeditada. Tal vez sea legítimo deducir de ello que las mujeres son violentas en la misma medida que los hombres, pero que sus posibilidades físicas de llevar esa violencia a su límite máximo son menores que en los hombres. Tampoco hay que olvidar, frente al prejuicio del varón maltratador en exclusiva, que la violencia en parejas lesbianas alcanza niveles superiores o similares a los que tienen lugar entre las parejas heterosexuales.

En cualquier caso, las pautas de violencia que se registran en los estudios científicos reunidos en el Informe Iceberg corresponderían a una pirámide con niveles de violencia similares o ligeramente superiores de la mujer en las formas de violencia leve, intermedia o grave, y un vértice, equivalente a las formas de violencia extrema, en que la proporción es desfavorable a los hombres. Una representación gráfica elemental de esa distribución de la violencia, basada en esos estudios, podría ser la siguiente:

Así  pues es indispensable desterrar el absurdo concepto de "violencia de género", que explica la violencia doméstica como una expresión de odio del varón contra la mujer por el hecho de ser mujer, y considerar la violencia doméstica como una manifestación más de la violencia en general. Los conflictos domésticos surgen entre personas que conviven y tienen dificultades, con independencia de su sexo, y arrojan un lamentable saldo de víctimas de ambos sexos (según datos del Ministerio del Interior, 67 mujeres y 44 hombres fueron víctimas mortales de la violencia doméstica en 2000). El resto de la sociedad, y en particular de la sociedad masculina, no tiene por qué vivir bajo permanente sospecha y presunción de culpabilidad a causa de los actos ejercidos por una minoría estadísticamente exigua.

Para tener una idea cabal de la fuerza de los prejuicios y los intereses creados en torno a la violencia doméstica, baste recordar que los propios Estados (por ejemplo, el Canadá, los Estados Unidos o Inglaterra) que han llevado a cabo investigaciones sistemáticas y serias del fenómeno a través de sus instituciones especializadas han adoptado, en general, medidas legislativas y administrativas basadas en la ideología predominante y "políticamente correcta",  a todas luces incongruentes con los resultados de esas investigaciones oficiales. Al negarse a aceptar tanto la evidencia científica como la percepción cotidiana de la violencia doméstica, los adalides de la perspectiva de género están haciendo realidad una de las reivindicaciones menos nobles y socialmente más nocivas del feminismo radical, cuya génesis describe objetivamente Erin Pizzey en su artículo "De lo personal a lo político". Por fin, al amparo de una falacia, la larga marcha del feminismo radical ha alcanzado su tierra prometida y su maná, es decir, el poder político y las subvenciones.