A propósito de esos porcentajes, tampoco sabemos a qué "expertos" se refiere el informe cuando afirma: 

"... los expertos apuntan a que sólo entre un 5% y un 10% de las agresiones producidas en el ámbito familiar son denunciadas" (página 5),

pero el hecho de que en la página siguiente conceda crédito a las conclusiones de la Macroencuesta sobre Violencia contra las Mujeres, cuyos resultados (1.865.000 de mujeres maltratadas) se obtuvieron mediante la inclusión de comportamientos triviales en el concepto de maltrato, nos obliga también a desconfiar de la fiabilidad de ese dato. En cualquier caso, los artículos y textos y los estudios recopilados en este sitio web, tanto sobre falsas denuncias de abusos en adultos como sobre falsas denuncias de abusos en niños, avalan la hipótesis contraria, es decir, que por influencia del clima social o por simple mala fe, la cifra de denuncias presentadas es muy superior a la de situaciones reales de abuso o maltrato probado. 

Los efectos de las falsas acusaciones pueden ser para el hombre tan devastadores como lo serían los acusaciones basadas en hechos reales.  Sin embargo, por insólito que parezca, en los casos en que prevalece la inocencia del acusado, no suele adoptarse ninguna medida de oficio contra la falsa acusadora, lo que equivale a una incentivación constante de tales conductas. 

A ese respecto, deseamos recordar el contenido del artículo 456 del Código Penal, cuya aplicación se omite frecuentemente en los casos de falsas denuncias "de género": 

"CAPÍTULO V - De la acusación y denuncia falsas y de la simulación de delitos

Artículo 456.

1. Los que, con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, imputaren a alguna persona hechos que, de ser ciertos, constituirían infracción penal, si esta imputación se hiciera ante funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de proceder a su averiguación, serán sancionados: 1. Con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de doce a veinticuatro meses, si se imputara un delito grave.

2. Con la pena de multa de doce a veinticuatro meses, si se imputara un delito menos grave.

3. Con la pena de multa de tres a seis meses, si se imputara una falta.

2. No podrá procederse contra el denunciante o acusador sino tras sentencia firme o auto también firme, de sobreseimiento o archivo del Juez o Tribunal que haya conocido de la infracción imputada. Estos mandarán proceder de oficio contra el denunciante o acusador siempre que de la causa principal resulten indicios bastantes de la falsedad de la imputación, sin perjuicio de que el hecho pueda también perseguirse previa denuncia del ofendido.

Artículo 457.

El que, ante alguno de los funcionarios señalados en el artículo anterior, simulare ser responsable o víctima de una infracción penal o denunciare una inexistente, provocando actuaciones procesales, será castigado con la multa de seis a doce meses."

Es indudable que las penas previstas en esos artículos no guardan proporción, por lo exiguas, con el daño potencial resultante de una falsa denuncia de violación, que puede acarrear al acusado en falso penas de prisión que se cuentan con dos dígitos.  Para encontrar una situación similar de indefensión del acusado, que puede convertirse en convicto sin necesidad de más pruebas que la palabra de la acusadora, tenemos que retrotraernos a los tiempos inquisitoriales. En Internet comienza a ser frecuente la referencia al fenómeno con la expresión "la nueva inquisición".  ¿Os imagináis el caos social que produciría la abolición de la presunción de inocencia como principio general del derecho? Todos seríamos presuntos culpables. En cualquier momento, el dedo acusador podría señalarnos arbitrariamente y arrojarnos a las mazmorras. ¿Os imagináis también la situación contraria, en que la sola palabra del hombre bastase para convertir a la mujer en reo de cualquier delito que tuviese lugar "en la intimidad entre la víctima y el inculpado"?

La frase "sin prueba no hay delito" se ha quedado obsoleta. Para actualizar su significado sería preciso añadir "excepto en los casos de género". Como en los tiempos oscuros, la delación se ha convertido otra vez en el arma más segura de venganza, ya que la propia mano del Estado interviene como cómplice. Estamos seguros de que los miembros de los distintos estamentos forenses, a poco que guarden un mínimo de fidelidad a los principios asimilados en sus viejos tratados universitarios, coincidirán con nosotros en que una justicia de género es una justicia degenerada.

(Diciembre de 2001)