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Como
los climas sociales similares acaban dando frutos similares, ya tenemos en marcha nuestra
versión carpetovetónica del acoso sexual como arma política. O
sea, nuestro regazado clima social empieza a parecerse al que tenían
los americanos a principios de los 90, cuando Anita Hill frustró la
carrera del magistrado Clarence Thomas, inculpándolo, en el momento
políticamente oportuno en que el republicano George Bush lo proponía
como candidato para el Tribunal Supremo, en un supuesto acoso sexual
perpetrado años atrás. Es
de suponer que el demócrata Clinton, más tarde padrino y ahijado
de la National Organization of Women (NOW), gran manantial feminista
de votos, se regocijaría
por la eficacia de la zancadilla tendida a Thomas, muy lejos de
pensar que al cabo de unos años iban a cantarle las cuarenta con
cartas del mismo palo, primero a través de Paula Jones y luego de Mónica
Lewinsky. Ahora
que en Ponferrada se repiten, a nuestra pequeña escala local, las
vicisitudes que pusieron en la cuerda floja a esos prohombres del
imperio, y sin ánimo de prejuzgar las circunstancias concretas del
caso berciano, parece buen momento para que los políticos que
forjan el nuevo orden discriminador del varón reflexionen sobre la
fragilidad de sus cargos, siempre a merced de la denuncia de
cualquier colega o subordinada, ex amantes incluidas.
¿Qué les valdrían los votos de los ciudadanos al lado de
una acusación, fundada o no, de acoso sexual?
¿Qué político, incluidos nuestros políticos más
feministas, nuestros más ardientes impulsores de leyes contra el
varón -siempre bajo sospecha, siempre presunto culpable- sobreviviría
a semejante acusación? Y
una vez bajado el listón de la presunción de inocencia, ¿qué
amparo tendrán los ciudadanos de a pie, los que no se apoyan en la
fuerza de votantes y partidos? ¡Ah!,
y no lo olviden. El acercamiento del hombre a la mujer se llama
acoso sexual cuando la cosa no funciona. Cuando funciona y acaba en
la cama se llama galanteo y buen rollo. |
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El 2º Plan Integral Contra la Violencia Doméstica tiene aspectos muy positivos, pero incluye dos medidas que mezclan los malos tratos contra la pareja con los malos tratos contra los hijos y pueden dejar al padre desprotegido y privado de la patria potestad de sus hijos. Son los siguientes: Inhabilitación paterna. El proyecto prevé incorporar al artículo 153 del Código Penal 'la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento en los casos de violencia física o psíquica cuando el interés del menor lo aconseje'. Puntos de encuentro. Está previsto crear lugares donde los menores reciban la visita de sus padres en los casos de separación y divorcio con antecedentes de violencia doméstica. En EE. UU. y Canadá es muy utilizado por las madres el recurso de denunciar a sus esposos de abusos sexuales a los hijos en el momento de la separación si sospechan que su marido tiene alguna posibilidad de obtener la custodia de los hijos, este hecho es muy bien conocido en estos países y supone uno de los principales motivos de denuncia falsa de abusos sexuales, recordemos el caso de Mia Farrow y Woody Allen. Estos puntos del 2º Plan Integral Contra la Violencia Doméstica pueden llevar a muchas mujeres a denunciar falsos malos tratos para acabar con las pocas posibilidades que tiene los maridos de obtener la custodia de los hijos y para privarles de todo contacto con ellos al perder no sólo la custodia sino la patria potestad, o como poco conseguir estorbar al padre en el poco contacto con los hijos que se les suele asignar en las sentencias. Estas medidas se convierten pues en una eficaz herramienta para que las mujeres puedan llevar a cabo más fácilmente la principal transgresión de las sentencias por parte de las mujeres: impedir que los padres vean a sus hijos. Hoy mismo se ha publicado una noticia en la que se informa que una mujer ha sido condenada a 6 meses de cárcel por impedir reiteradamente que el padre viese a su hija. En un principio la mujer denunció abusos sexuales a la niña por parte de su padre, abusos que se demostraron que eran inexistentes, pero consiguió que se le privase de las visitas durante un año, posteriormente pasó a impedir sin más las visitas. A partir de ahora las mujeres tendrán un mejor recurso para conseguir estos objetivos. Naranjito (Carta al Director de Diario 16, 5 de abril de 2001) |
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Según veo (ABC del 14-03-2001), la iniciativa de las listas de
maltratadores castellano-manchegos avanza viento en popa... ¡Quién les
iba a decir a los padres de la Constitución cuando en 1978 redactaron el
artículo 25 ( en cuyo párrafo 2 se establece que “las penas privativas
de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la
reeducación y reinserción social”) que para asegurar el cumplimiento
de ese artículo deberían haber prohibido expresamente las listas
infamantes, las cuerdas de presos, las picotas, los sambenitos y demás prácticas
abandonadas hace siglos. A menos que, mediante algún salto de la rana
dialéctico, el Sr. Bono nos convenza de que sus listas favorecerán la
reinserción de los condenados. “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes”, reza el artículo 5 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos. “Tampoco se impondrá pena más grave que
la aplicable en el momento de la comisión del delito”, añade el artículo
11 de esa Declaración. “Nadie podrá ser sancionado por un delito por
el cual haya sido ya condenado...” dice el artículo 14 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La relación de artículos
de tratados internacionales conculcados por la medida del Sr. Bono sería
interminable, porque va contra los fundamentos mismos del concepto de
pena. |
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En casi el noventa por ciento de
las rupturas matrimoniales contenciosas el primer paso legal lo da la
mujer. Si se analiza este dato veremos que el porcentaje aumenta hasta llegar casi al 100% cuando los hijos del matrimonio son más pequeños. Y que en los casos en que no hay hijos o estos son mayores la proporción se reduce sustancialmente. La explicación radica en que se
está adjudicando la custodia de los hijos a las madres de forma casi
sistemática, que esa
custodia la tienen tanto más asegurada cuanto menores son los hijos, y
que conseguirla supone conseguir superioridad legal que se traduce en
ventajas afectivas para con los hijos y económicas con respecto al ex cónyuge. Los hombres no solicitan la
separación, no porque en algunos casos no la deseen, si no porque se les quita la idea cuando en la primera visita
informativa al abogado se les describe lo que les va a suponer la casi
segura pérdida de la custodia de sus hijos. Y parece lógico suponer que la
aptitud de las mujeres sería la misma si no estuvieran tan seguras de que
su sexo iba a ser considerado como un valor en la disputa por dicha
custodia. Esta situación es una barrabasada desde el punto de vista
tradicional, porque al quedar desnivelada la balanza se está incentivando
a la parte femenina a que destruya su familia. Y esto debería preocupar a
los que presumen de defender los valores familiares. Pero lo que nos debe preocupar a
todos es la vulneración gratuita del “principio de igualdad”, en base
a no se qué argumentos del siglo pasado, que carecen de rigor científico,
por cuanto que cada vez hay más psicólogos de países del primer mundo
que rechazan esos planteamientos sexistas. Y ya era hora. Los psicólogos
carecen de perspectiva social. Nunca han estado preparados para comprender
el daño que inflingían a las familias y a la sociedad, contribuyendo a
desnivelar la balanza de derechos conyugales.
Es preciso establecer fórmulas de
“CUSTODIA COMPARTIDA” y si nos tienen que separar de nuestros
hijos en un proceso en el que lo único que al final se ha considerado es
nuestra configuración genital, queremos la demostración matemática de
que no se puede hacer otra cosa. |
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"Recientemente
observé en un programa de televisión, en el que un grupo de mujeres
contaban la historia de sus vidas destrozadas, cómo un hombre, el único
invitado en ese coloquio, contaba su historia de sufrimiento, de abandono
y alejamiento de sus hijos, tras haber solicitado su mujer la separación.
Todos nos sentimos conmovidos, el público, la popular presentadora y los
telespectadores, al oír la historia de un hombre hundido en el más
profundo de los sufrimientos a que puede ser sometido un ser humano: la
separación forzosa de su familia. De
repente una llamada telefónica, de una vecina de su ex-mujer, cambia
completamente la situación. Allí mismo, en directo,
acusa al hombre de malos tratos y ella misma se presenta como
testigo de alguna actuación de este tipo. El efecto fue fulminante. Ante
tan denigrante delito, cambió radicalmente la actitud del público y
de la presentadora, y se negó al hombre el derecho a réplica, el
derecho a su propia defensa, al ser acusado de un delito horrible... si
era cierto... El
hecho nos debe hacer recapacitar a todos, ¿como es posible que una simple
llamada telefónica pueda saltarse la presunción de inocencia, las
sentencias judiciales y la inexistencia de partes por lesiones?
Si el delito de malos tratos es horrible, mucho peor es la acusación
falsa de ese delito, porque no hacen falta jueces, la propia sociedad se
encarga de juzgar y condenar al acusado, pero ¿qué ocurre si
la acusación es falsa? Pues que, siendo inocente,
se pasa por el mismo calvario que si se fuese culpable. Hoy en día
basta la acusación de una mujer para que, no ya los jueces, si no la
propia sociedad condene a un hombre inocente. La
humanidad ha avanzado mucho, hemos desarrollado el confort hasta límites
insospechados, hemos conseguido enviar sondas espaciales más allá de lo
que parecía un sueño, pero al mismo tiempo, hemos creado un delito y lo
hemos asignado exclusivamente a los hombres, que han pasado automáticamente
a ser presuntos culpables a merced de una simple llamada telefónica.
No
corren buenos tiempos para los derechos humanos." Emilio
Jose Rodriguez (Madrid) (Publicado en La Razón, Libertad
Digital y El País Digital el 7 de febrero de 2001) |