Padres
separados, padres desesperados
Texto:
Ana Cano
“Solo veo a mi hija cuando sube o baja del autobús escolar. Cuando la
niña me ve me saca la lengua. Me tiene miedo”. La paternidad, lejos de
animar a José María García Bravo, enfermo de Trastorno por Angustia y
obsesionado con la muerte, le complicó aún más la vida. Este riojano de
37 años se separó de su mujer en 1993, pocos meses antes de nacer su
hija. Fijaron un convenio regulador normal, pero al mes la madre presentó
una modificación de medidas alegando que estaba enfermo y que era incapaz
de cuidar a la niña. Desde ese momento, José María está luchando para
superar los obstáculos que le impiden estar con la pequeña. Ahora está
a la espera de que la Audiencia ratifique el nuevo régimen de visitas que
le aprobaron en mayo de 2000.
El caso de José María García Bravo es uno de tantos que llegan a la
Asociación de Padres de Familia Separados (APFS). Sus miembros, 9.176
hombres en muchos casos desesperados, tienen algo en común: se sienten
perjudicados en el momento de la separación “por la aplicación de unos
cuantos artículos del Código Civil que datan del 7 de julio de 1981, que
se han quedado obsoletos” y que les sitúan en un nivel de inferioridad
con respecto a las mujeres, según cuenta el presidente de la APFS
Nacional, Juan Luis Rubio.
Desde la asociación se trabaja para promover una nueva Ley de Separación
y Divorcio que equipare los derechos y deberes de las dos partes de un
matrimonio disuelto, tanto en el nivel económico como en el social, el
jurídico, el fiscal y en lo referente a la custodia de los hijos. Es en
este punto donde exigen un mayor cuidado ya que, según apunta Juan Luis
Rubio, “el 64% de los miembros de la Asociación no pueden ver a sus
hijos o tienen problemas graves para hacerlo”.
La custodia está estrechamente relacionada con la propiedad del domicilio
conyugal y, según sostiene Juan Luis Rubio, “en muchas ocasiones se
utiliza a los hijos como arma arrojadiza. El 96% de los hombres se queda
sin hogar y tienen que vivir con sus padres o buscarse un piso de
alquiler. Muchas veces lo único que cuida el fiscal es que se fije una
pensión alimenticia, que como término medio equivale al 37% del sueldo
del padre, descuidándose otros aspectos como el derecho a que estén
juntos y a que se comuniquen. No entendemos por qué si un hombre no paga
la pensión va a la cárcel, pero si una madre te impide que veas a tus
hijos no pasa absolutamente nada”.
Vivir
en un juzgado
Esto le ha sucedido a Antonio Henar que no ve a su hija desde hace más de
dos años. Ni siquiera está seguro de que la niña se encuentre en
Zaragoza. “Estuve siete años luchando para conseguir la custodia. En un
año, denuncié a su madre en 60 ocasiones por incumplimiento del régimen
de visitas y por fin, el 1 de julio de 1998, el juez me concedió la
custodia. La sentencia se hizo efectiva el 15 de enero de 1999 y sólo
duró una hora”.
Antonio comió ese día con su hija y la llevó de nuevo al colegio. Ya no
volvió a verla. “El juez no hizo absolutamente nada. A la semana, la
madre me denunció en el juzgado de familia con un parte médico
manipulado de un ginecólogo de urgencia”. Por medidas cautelares, el
juez le devolvió la custodia a la madre. Al poco, esta aportó unos
informes psicosociales en los que se reflejaba que la niña no quería ver
a Antonio. La madre obtuvo la custodia provisional durante ocho meses.
Más tarde consiguió otros seis. “En septiembre se cumplieron los
provisionales y todavía estoy esperando a que el juzgado conteste. Los
padres separados y divorciados tenemos unos deberes pero no unos derechos.
Sobre todo lo que debería estar claro es que los hijos no son propiedad
de nadie”.
El marido de Teresa está divorciado y tiene muchos problemas por el pago
de la pensión a su ex mujer. “Ella está en casa sin trabajar mientras
que yo, que también soy divorciada, me tuve que buscar la vida. El juez
sentenció que mi esposo tenía que pagarle 85.000 pesetas de pensión.
Nosotros no podíamos pagar esa cantidad y le pasábamos 50.000, pero aún
así, desde hace cuatro años, mi marido tiene que pasar 36 horas en la
cárcel los fines de semana”.
Teresa y su marido han vivido siete años de juicios y, por fin, han
conseguido que el juez les rebaje la pensión a 55.000 pesetas. “Queríamos
una cantidad razonable que pudiéramos pagar, pero ahora ella nos ha
denunciado por todos los atrasos que le debemos. Y yo me planteo: si ella
verdaderamente no tiene para comer, que por eso se supone que nos pide
dinero, ¿Por qué no se ha muerto de hambre? ¿qué mi marido esté en la
cárcel le da de comer?”.
Hombres
maltratados
Otra de las demandas de la APFS es la desaparición del Instituto de la
Mujer y la creación del Instituto de la Familia que contenga una
dirección general del niño, otra de la mujer y otra del hombre. “Por
ejemplo, en España no existe ningún centro de acogida para hombres
maltratados, y hay muchos. En nuestra asociación, el 4% de los miembros
han recibido maltratos físicos y el 66%, psicológicos”, apunta Juan
Luis Rubio. “Las comisarías de policía nos los mandan a la Asociación
porque no saben qué hacer con ellos. No pueden aplicar ninguna ley en su
defensa, algo ilógico porque se supone que las leyes son asexuales. Hemos
tenido el caso de un hombre que ha permanecido 19 días en la UVI. Y a
muchos padres les hemos tenido que acompañar al Juzgado de Guardia para
que les pusiesen protección policial para ver a sus hijos”, prosigue el
presidente de la APFS Nacional.
Es el caso de Juan José Valero, que vive a miles de kilómetros de
distancia de su hijo de siete años. Cuando el pequeño era un bebé, su
ex esposa decidió, de forma unilateral e inesperada, trasladarse de
Zaragoza a Tenerife. “Antes de embarcar presentó una denuncia por malos
tratos. Gané el juicio por falta de pruebas... más tarde comprendí que
era una estrategia, en primer lugar, para ganar tiempo y que no la
denunciara por abandono de hogar, y después, para que saliera la
sentencia de separación”.
A Juan José nunca le permitían ver a su hijo, ni con ordenes firmadas
por el juez. “La familia de mi ex mujer me insultaba y me pegaba. Les
denuncié por malos tratos. Empecé a tener problemas de salud, perdí 35
kilos y me quedé calvo. Intenté suicidarme en tres ocasiones”. Juan
José conoció a su hijo cuando tenía tres años y medio. El juez le tuvo
que poner escolta policial para poder ver al pequeño. “El verano pasado
fue el primero que estuve con el niño. A penas tenía violencia física
contra mí, verbal aún tenía un poco. Estas navidades ha estado más
calmado”.
“Desde la Asociación también luchamos por cambiar la conciencia
social. Queremos que se reconozca que el hombre es capaz de cuidar y
educar a sus hijos, y creemos necesario que se haga un seguimiento para
vigilar si verdaderamente los hijos están atendidos”, señala Juan Luis
Rubio. La ex mujer de Luis César Villa Calvo, de Palencia, tiene a sus
espaldas una sentencia por maltratar a su hija mayor y otra por posesión
y consumo de cocaína. Igualmente, sometía al padre de sus dos hijas a
maltratos físicos y psicológicos. Aún así, el juez no le ha retirado
la custodia de las niñas.
“Mi ex mujer pegó a mi hija con una barra de hierro porque la niña le
despertó, pero la Junta no me concedió la custodia, vio más lógico
ingresarlas durante cuatro meses en un centro. Estoy arruinado y vivo con
en casa de mi madre porque en la separación me quitaron el piso y tuve
que pagar 4 millones de pesetas para recuperar las escrituras de la casa
de mi madre”. La ex mujer de Luis César admitió en el juicio que el
que se ocupaba de la casa y de las niñas era él. “Yo me encargaba de
las niñas, compraba, hacía la comida y trabajaba en dos sitios
diferentes. Mi hija mayor quiere venir a vivir conmigo porque ya ha visto
muchas cosas. Pero lo triste no es que las haya visto, es que las sigue
viendo”.
Pensiones
temporales
Otras conquistas que quiere alcanzar la APFS son realizar la liquidación
de los bienes gananciales en el momento del divorcio y sustituir las
pensiones vitalicias por pensiones temporales de dos años como máximo.
“Con las pensiones el estado nos pide que hagamos un esfuerzo mayor que
el que hace él. Las pensiones compensatorias que se fijan rondan el 40%
de los sueldos. Lo ideal sería que se repartieran los bienes en el
momento de la separación y que cada uno rehaga su vida y trabaje”,
comenta Juan Luis Rubio. En el caso de las mujeres de edad que se han
dedicado toda su vida al hogar, “nosotros consideramos que es el
gobierno el que tiene que hacerse cargo de sus carencias”, concluye.
“Para algunas personas el matrimonio es un chollo”, cuenta Tomás
Bragado. Su matrimonio duró 33 meses y no tuvieron hijos. Su ex esposa
tenía 27 años, era puericultora y el juez le fijó una pensión. “Dejé
de trabajar y me descontaban 45.000 pesetas del paro a pesar de que ella
estaba trabajando. No contentos con eso, el juez le hacía acreedora a los
bienes raíces míos, es decir, a lo que yo heredase en un futuro”.
Tomás es hijo único y, junto a sus padres, barajó la posibilidad de
vender todo y marcharse al extranjero. “Mi padre había estado
trabajando en Alemania y, según este juez, todo lo que había conseguido
en su vida iba a ser para ella”, asegura Tomás. Durante meses adeudó
la pensión a su esposa y pidió el divorcio. “Por suerte, mi divorcio
cayó en un juzgado nuevo y le retiraron la pensión”.
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